Se cumplen 100 días de iniciado el mayor experimento político de la historia argentina en democracia. Hasta el momento, el gobierno puede jactarse de dos logros principales. En lo político, el establishment dejó de mirarlo con desconfianza y pasó a apoyar sus medidas e iniciativas como el DNU 70-2023 y la Ley Ómnibus. Esto abarca desde lo corporativo empresarial (AEA, UIA), hasta un sector político partidario como el PRO. El apoyo no solo es sintomático sino que a la vez explica en gran medida el optimismo del mercado financiero, donde las expectativas ocupan un rol fundamental y la creencia de que la cosa va a andar genera condiciones para que la cosa efectivamente ande.
La promesa de campaña del gobierno es terminar con la inflación. De acuerdo con su perspectiva, este objetivo se alcanza con una fuerte reducción del déficit fiscal y financiero. Hasta el momento, los resultados del programa económico que lidera Caputo parecen en línea con lo planeado, aún cuando la actividad económica acumula en solo 2 meses una caída del 4% (EMAE y proyección propia), los salarios reales una baja del 18% (RIPTE) y niveles de pobreza proyectadas para enero 2024 del 57,4% (UCA). Estos efectos en materia social son el resultado de un salto cambiario del 118% y del ajuste del gasto público primario del 33,6% interanual en el primer bimestre. Desde la perspectiva oficialista, la acumulación de reservas internacionales (U$S 6.800 millones), la reducción de la brecha cambiaria (de 180% a 20%), el superávit fiscal ($850.000 millones en el primer bimestre) y la contracción de los pasivos monetarios en términos reales (-24% desde noviembre), constituyen un éxito de cara al objetivo de la reducción de la inflación y, tal vez, la dolarización.
Ahora bien, su estrategia está plagada de riesgos. Los análisis tienden a concentrarse en los aspectos políticos y sociales, como la falta de acuerdos con la clase política y un potencial hartazgo de la sociedad frente al ajuste. Asimismo, consideramos necesario señalar que en lo económico también hay varias alarmas y que el sacrificio que se le pide a la sociedad no tiene garantías de éxito. En lo que respecta a la actividad económica la recuperación en forma de “V” difícilmente tenga lugar si el gobierno, frente a una pérdida sistemática de la recaudación por causa de la recesión, se ve tentado a continuar ajustando fuertemente el gasto público para alcanzar el equilibrio fiscal. Esto es sobre todo relevante en la medida en que en los primeros 100 días, el grueso de la motosierra y licuadora pasó por la interrupción abrupta de la obra pública, el recorte a las transferencias corrientes a provincias, la mayor reducción de subsidios y, sobre todo, la pulverización de las jubilaciones. ¿Cuánto margen tiene para compensar la pérdida de recaudación con estas mismas partidas?
En cuanto a las reservas internacionales (RRII) netas, su acelerada acumulación aún no ha sido suficiente para que alcancen un saldo positivo y se ha sustentado en nueva deuda comercial con importadores. De esta manera, resultan insuficientes para afrontar una corrida cambiaria, sobre todo si se tiene en consideración que los depósitos del sector privado (cuya contrapartida son los pasivos monetarios del BCRA), medidos al CCL tienen mayor potencia para correr al dólar que antes de que asuma Milei. Otra forma de verlo, es a través de la fuerte apreciación del tipo de cambio real que se registra desde la devaluación de diciembre, que se ve apoyada por las buenas condiciones financieras globales. Así, la estabilidad del tipo de cambio oficial y los paralelos tiene lugar sobre terreno resbaladizo y un sobresalto cambiario echaría por tierra una posible desaceleración de la inflación. Todo esto en el marco de una estrategia antiinflacionaria que se basa en el derrumbe de la demanda y en detrimento de un plan integral de estabilización que aborde la problemática desde distintos ángulos, incluyendo algún tipo de salvaguarda para la pauperización de los ingresos reales.
De ser exitoso, el plan del gobierno consolidaría una distribución del ingreso mucho más regresiva. Asimismo, podría dar paso a un conjunto de reformas estructurales con mayor erosión de los derechos de los trabajadores, reprimarización de la economía, reducción del patrimonio público y, en el caso más extremo, la eliminación de moneda nacional. Sin embargo, los riesgos que enfrenta el programa son muchos y la sociedad argentina tiene experiencia en poner límites a las políticas de ajuste.