Según nuestro indicador adelantado de actividad la economía acumula una retracción de 13,0% interanual en los primeros cinco meses del año. El correlato es la pérdida de 336 mil puestos de trabajo registrados que se suman a los 251 mil que se perdieron entre el inicio de la crisis de 2018 y el inicio de la pandemia. Mientras algunos sectores reactivaron rápidamente tras su apertura, los indicadores generales de actividad, y en especial los asociados al consumo, siguen reflejando importantes caídas, dando cuenta que estamos frente a un problema de oferta pero también de demanda. En este sentido, las medidas del gobierno para contener despidos, cierres de empresas y sostener ingresos son relevantes no solo para paliar la situación social actual sino también para facilitar la recuperación post-pandemia. La novedad de este mes ha sido la ampliación de la moratoria impositiva a monotributistas y todo tipo de empresas, lo que representará entre 1 y 1,8% del PBI.
Aún así, el apoyo fiscal y monetario sigue siendo inferiores a los programas de otros países. Esto se debe en buena medida a las restricciones financieras que enfrenta al país al encontrarse aislado de los mercados financieros internacionales y con una crisis que lleva más de dos años. En este contexto, la única forma de financiar el creciente déficit fiscal, es mediante la emisión monetaria.
En este sentido, la acumulación de reservas debe ser un objetivo primordial, ya que permitirá evitar tensiones cambiarias vinculadas al crecimiento post-pandemia y a la absorción de la liquidez inyectada en estos meses excepcionales. Como comentamos en la agenda de Junio, el contexto sería favorable para alcanzar este objetivo, dada la recesión que retrae las importaciones, el ahorro en turismo emisivo, la postergación de pagos de deuda en dólares y los controles cambiarios que limitan la formación de activos externos. Sin embargo, esto no está sucediendo como consecuencia de la brecha cambiaria y la incertidumbre en torno a la deuda.
En este contexto, el gobierno comunicó una nueva oferta para la reestructuración de la deuda soberana denominada en moneda extranjera y bajo ley internacional. La nueva propuesta incluye mejoras para los acreedores en diferentes aspectos que se pueden dividir en económicos y legales. Si bien el valor de la propuesta fue mejorado, en caso de prosperar, esta reestructuración le permitiría a la Argentina un ahorro de pagos de capital e intereses de 35 mil millones de dólares, fuertemente concentrado en el actual período presidencial (casi 26 mil millones de dólares).
El cronograma de pagos actual, sin posibilidad de refinanciación, es inviable por las enormes erogaciones de divisas que implicaría. Por lo tanto, el acuerdo o algún tipo de default son las únicas alternativas. Un acuerdo luce como la oportunidad para calmar expectativas de devaluación y, mediante intervención adicional del BCRA, reducir la brecha cambiaria. En tanto, el default en el corto plazo probablemente implique un desarme de posiciones en pesos y una búsqueda de refugio en el dólar que aumentaría la diferencia entre los tipos de cambio, además de activar cláusulas de los bonos que pueden derivar en una serie de conflictos judiciales en el caso de que no se alcance el umbral mínimo. En cualquier caso las posibilidades de volver a los mercados de crédito lucen improbables de confirmarse la “exit yield” de 10%.
